Vendedores ambulantes no pueden ser desalojados si no son reubicados de inmediato

La Corte Constitucional, en Sentencia del 01 de Junio de 2015 (T-334/15), con ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recordó que los operativos adelantados por la Policía Nacional, tendientes a la recuperación de espacio público, deben estar acordes con las reglas del debido proceso entrelazadas con políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados.

 

Adicionalmente, remembró el conflicto que se presenta en este caso pues, por una parte, se encuentra el deber de las autoridades de proteger la integridad del espacio público y por el otro, encontramos los derechos al trabajo y mínimo vital de los trabajadores informales, quienes se han visto en condiciones de marginalidad laboral y su único sustento se deriva de las ventas informales. 

 

Si bien es cierto el espacio público es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable cuya característica principal es la imposibilidad que los particulares reclamen derechos personales sobre este, pero esto no implica que las autoridades policivas, puedan adelantar medidas para su protección atentando flagrantemente los derechos fundamentales de sus ocupantes.

 

 

Existen dos reglas básicas para poder desalojar a los vendedores ambulantes del espacio público y estas son:

 

"(i) previo al desalojo, exista un proceso judicial o policivo que lo autorice, con la plena observancia de las reglas del debido proceso y (ii) se implementen políticas públicas que garanticen su reubicación. Así, “corresponde a las autoridades administrativas velar por el cumplimiento de las reglas relativas a ese debido proceso, respecto de las diligencias de desalojo, con políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados.”

 

Sin la existencia de las anteriores condiciones sería inconstitucional la actuación de los agentes de policía Nacional, y consecuentemente sus actos estarían revestidos de ilegalidad, lo que implicaría responsabilidad civil, penal y disciplinaria, que podrían confluir frente a una misma actuación irregular.

 

De las anteriores reglas se puede concluir que las autoridades de Policía están en la obligación legal y constitucional de velar por la protección del espacio público, pero en ningún momento deben desconocer los derechos que le asisten a sus ocupantes y, consecuentemente, antes de iniciar las diligencias de desalojo, deben garantizar un espacio para que estas personas puedan ser reubicadas sin someterlos a trámites administrativos extenuantes que sólo consigan entorpecer y empeorar las condiciones económicas y de dignidad humana de los comerciantes informales

 

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