Subordinación o autonomía: Carga probatoria

Por: Diego Alejandro Gutiérrez Amaya
Por: Diego Alejandro Gutiérrez Amaya

Es de suma importancia resaltar que respecto a los contratos por prestación de servicios, y todos los términos que allí surgen (honorarios, contratista, cuenta de cobro, etc.), son un desvanecido y derrumbado disfraz de un contrato realidad, pues el hecho que se le asignen dichos nombres a lo que es realmente propio de una relación laboral, no implica que dicha relación pierda su naturaleza fáctica y deje de ser un contrato laboral.

Ahora bien, para continuar, es preciso señalar lo preceptuado por el artículo 24 del C.S.T., el cual fue modificado por el artículo 2° de la Ley 50 de 1990:

 

"ARTICULO 24. PRESUNCION. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo."

 

Con base en lo anterior, es dado pensar que la carga probatoria, para desvirtuar la relación laboral, corresponde exclusivamente a la accionada, siempre y cuando quede plenamente satisfecho el requisito de prestación o actividad personal para que el demandante quede revestido de la presunción que nos encontramos ante una relación de trabajo, y sería trabajo del demandado desvirtuar dicha prestación.

 

La anterior argumentación tiene su fundamento Jurídico y jurisprudencial, pues también la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral se ha pronunciado respecto a este tema, en reciente Sentencia, esta corporación argumentó:

 

“Amén de lo dicho, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes (art. 53 superior), se deben dejar sin efecto aquellas formas de pago inherentes a los contratos de carácter civil o comercial, como sería el caso de los “honorarios”, cuando de los hechos se desprende una situación diferente, cual es lo que se ofrece en este asunto, ante la presencia de situaciones serias y convincentes del reiterado poder de subordinación y dependencia que regía la relación laboral, respecto de la ejecutora de los servicios prestados, pues las órdenes e instrucciones que se impartían a través de una enfermera jefe, bajo la aparente figura de ser una “interventoría”, con que la pretende revestir el representante legal de la entidad accionada, son actos ajenos a un nexo contractual autónomo e independiente. 

 

A juicio de la Sala, el empleo de términos como el de contratista, honorarios, interventoría, etc., no son más que estratagemas para encubrir una verdadera relación laboral, máxime cuando esta se ejecutó de manera personal y continua, desde el mes de abril de 1999 al 4 de enero de 2002, esto es, sin interrupción alguna, lo que deja sin piso la conclusión a que se llegó en la sentencia cuestionada.

 

De igual forma, se derrumba la inferencia del ad-quem, según la cual «esta misma confesión desvirtúa el hecho en que principalmente se funda la demandante para alegar la existencia del contrato de trabajo y es el cumplimiento de horarios, pues bien podía la actora ir o no mientras que consiguiera un remplazo», pues, el sentenciador no apreció la confesión vertida en la declaración de parte, rendida por el representante legal de la persona jurídica accionada, en la que señaló: «previamente a prestar sus servicios ellas escogen sus turnos que a ella más le convenga, hacia turnos de seis horas en el horario que ella escogía, que podía ser por la mañana, por la tarde o noche» (fl. 87). Ahora bien, que tal escogencia de turno, obedeciera como lo dijo el representante legal, por cuanto «ellos cuadran sus turnos respecto a otros trabajos», ello no riñe con la posibilidad legal prevista en el artículo 26 del Código Laboral de que, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios, «Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores. 

 

De otro lado, enervada la calidad del servicio prestado por la demandante, al ponerse de manifiesto su carácter subordinado o dependiente, y no dependiente o autónomo como lo calificó el sentenciador de segundo grado, los horarios que comprobadamente desarrolló la actora, se cumplieron bajo la égida de esa relación de pendiente y no de otra, como lo pusiera en duda el Tribunal al aseverar:

 

Las pruebas entonces se dirigen más bien a la existencia de verdaderos contratos de prestación de servicios, pues el hecho de cumplir con horarios no lo convierte por si, en un contrato de trabajo, ya que es claro comporta obligaciones mutuas y si como en este caso se trabaja en una unidad de salud, es obvio que deban seguirse algunas instrucciones, sin que esto implique la subordinación a la que se refiere el artículo 23 del CST cuando determina los elementos esenciales del contrato de trabajo. 

 

En estas condiciones, se evidencian los desaciertos frente a las pruebas calificadas que denuncia el impugnante como erróneamente apreciadas por el Tribunal, conforme se dejó visto precedentemente, pues logran desvirtuar la conclusión de que «tampoco aparece probada la prestación del servicio pues no otra cosa se desprende de los contratos de prestación de servicios profesionales, de la confesión de la demandante y de las cuentas de cobro. 

 

A todo lo anterior debe destacarse, que al estar demostrada la prestación de un servicio personal por la demandante y a favor de la demandada, en aplicación de presunción a que alude el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo debe deducirse que los mismos se ejecutaron en virtud a un contrato de trabajo, por lo que el faro probatorio en aras de desvirtuar la referida presunción se radica en la parte demandada, quien debe desplegar una actividad probatoria dirigida a demostrar la autonomía e independencia de la trabajadora en la realización de las actividades para las cuales se comprometió, lo cual no cumplió en el sub judice."

 

Una vez visto lo anterior, es completamente evidente que el trabajador sólo debe demostrar la prestación personal del servicio para que la carga probatoria recaiga sobre el empleador, pues es éste quien debe demostrar que el trabajador desarrollaba sus funciones con completa autonomía.

 

Por eso reiteramos la importancia de las empresas en asesorarse muy bien antes de firmar este tipo de contratos con sus empleados, pues por ahorrarse unos pocos pesos, su empresa puede resultar envuelta en líos jurídicos con fatales desenlaces para su bolsillo.

 

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