Opinión - Y ahora por qué paro?

Por: Diego Alejandro Gutiérrez Amaya
Por: Diego Alejandro Gutiérrez Amaya

Muchos abogados litigantes y usuarios del Sistema Judicial se preguntan desde el pasado Jueves 14 de Enero de 2016: ¿Y ahora a qué se debe el nuevo Paro Judicial?

Pues bien, la respuesta al anterior interrogante es, de hecho, algo muy complicado de establecer, pues, en efecto, tiene una infinidad de aristas y puntos de vista completamente adversos entre sí, veamos:

 

Según las declaraciones del presidente de Asonal Judicial, Sr. Fredy Machado, el nuevo cese de actividades obedece a la expedición del Acuerdo PSAA15-10445 del 16 de Diciembre de 2015, "Por el cual se define la estructura de los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia, se establecen los mecanismos de coordinación, seguimiento y control y se reglamentan sus funciones".

 

Ahora bien, una de las afirmaciones que hace Machado es que "los juzgados es la célula básica de la administración de justicia y el Consejo Superior de la Judicatura ha echado mano a los centros de servicios judiciales y creen que los centros de servicios son la panacea, no siendo así" aseguró, pues "al traer a los funcionarios de los juzgados hasta allá, les ha rebajado el sueldo a algunos y esto es algo que es injusto" adicionalmente asegura que con esta implementación "habrán sustanciadores que le van a meter mano a la tutela, la cual es el instrumentos de garantía de los ciudadanos, para hacer efectivos sus derechos fundamentales y que ha sido de tan buen uso por los ciudadanos y que los jueces en este tema han sacado adelantey finalmente, parece ser que otro tema problemático entre Asonal y el C. S. de la J., según apalabras citadas del presidente de Asonal Judicial, es que "los jueces no tienen salas de audiencias, sino que es el Director Seccional quien va a determinar el reparto de esas salas de audiencias, y esto afectaría a la dinámica misma de los procesos." (Entrevista concedida a Blu Radio)

 

No es un secreto decir que en nuestro país no se le da el mejor uso a la Acción de Tutela ni los fallos que se producen en estas son muy acertados, pues sólo basta con observar los innumerables fallos de la Corte Constitucional, donde es evidente la posición negativa de los jueces a acceder a la protección de los derechos fundamentales claramente violentados.

 

Una vez hecha la anterior aclaración, en la declaración completa del Sr. Fredy Machado rendida en Blu Radio, podemos extraer, principalmente, los siguientes motivos que impulsaron el nuevo paro judicial 2016:

 

- Se impusieron Centros de Servicios sin consultar a los funcionarios y no han sido preparadas.

 

- El concepto de Centro de Servicios implica que los juzgados son "desmembrados" y varios de sus empleados son llevados a estos Centros.

 

- Los funcionarios que son trasladados sufren un menoscabo en sus salarios.

 

- Las acciones de tutela podrán ser motivadas por sustanciadores de los Centros de Servicios.

 

Por su parte, el Dr. José Agustín Suárez Alba, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura asegura que es "absurdo y absolutamente falso pensar que los jueces fueron relegados del conocimiento de las acciones constitucionales" adicional a ello aseveró que "en ningún momento se suprimió cargo alguno ni se modificó su denominación o régimen salarial"

 

Con base en las anteriores declaraciones podemos concluir y resolver cada uno de los puntos señalados anteriormente.

 

- En efecto se impusieron nuevos Centros de Servicios Judiciales sin la consulta de los funcionarios, pues el Consejo Superior de la Judicatura tiene tal facultad legal, a fin de implementar la oralidad y el Nuevo Código General del Proceso.

 

- Algunos de los cargos existentes en los juzgados, efectivamente serán trasladados a estos nuevos Centros de Servicios Judiciales, consecuentemente los juzgados prescindirán de los servicios de personal como notificadores, pues esta función estará a cargo del nuevo Centro de Servicios Judiciales.

 

- Como bien lo afirmó el Presidente de la Sala Administrativa, y como bien se puede leer en el Acuerdo nombrado no se suprimió ningún cargo, ni existieron modificaciones al régimen salarial de los funcionarios de la Rama Judicial.

 

- Las acciones de tutela, como hasta hoy, seguirán siendo motivadas por sustanciadores del juzgado, como en efecto sucede hoy día. Los jueces bajo ninguna circunstancia perderán las facultades de conocimiento sobre las acciones constitucionales, pues ésto iría en contravía de la Constitución Política de Colombia, sólo que la proyección de los fallos siempre ha estado a cargo de personas diferentes al juez.

 

Así las cosas, indagamos con algunos funcionarios que se encuentran en las puertas de los edificios hoy cerrados, y con otros a través de las redes sociales y paradójicamente, éstos aseguran que los motivos del cese de actividades, entre otras cosas, es por la eliminación de algunos juzgados descongestión, y la brecha salarial que existe entre los funcionarios de la Rama Judicial y los de la Procuraduría General de la Nación, situación que no es desacertada, pero ninguno ha argumentado la creación e implementación de los Centros de Servicios Judiciales, que es lo que realmente motivó a los altos cargos de Asonal Judicial, así que ahora podríamos preguntarnos: ¿Conocen los funcionarios que están impidiendo el acceso a la administración de Justicia, los verdaderos motivos de Asonal para motivar el cese actividades?.

 

Adicional a ello, cuando se le pregunta a los funcionarios aseguran que es por el bien de todos, aunque es evidente que los funcionarios seguirán recibiendo sus salarios y excesivas bonificaciones, mientras los litigantes y usuarios del Sistema Judicial se quedan con "una mano adelante y otra atrás".

 

La problemática del cese de actividades va mucho más allá de los procesos que se adelantan en los juzgados de la jurisdicción civil y de familia, pues también se ven afectados juzgados laborales que funcionan en el edificio Nemqueteba, pues allí se encuentran algunos juzgados de familia.

 

Para concluir, es preciso señalar que las pretensiones de Asonal judicial, entre otras cosas, es la calidad del servicio que se ofrecerá con esta nueva implementación y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos (a través de las acciones de tutela), así que es preciso preguntarnos si la calidad en la atención que se recibe actualmente en los despachos judiciales es digna de funcionarios del Estado, o si más bien, no existe tal calidad que pretende hacer ver el Sr. Machado.

 

Publicamos el acuerdo, en torno al cual gira toda esta "confusión" para que todos nuestros lectores saquen sus propias conclusiones.

 

Adicionalmente, queremos invitar al debate para que todos nuestros lectores participen y planteen sus opiniones.

 

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