Objeción de conciencia en práctica del aborto

Objeción de conciencia del médico para no practicar la interrupción voluntaria del embarazo
Por: Diego Alejandro Gutiérrez Amaya

Cuando alguna paciente llega a una EPS para que se practique una interrupción voluntaria del embarazo, es muy posible que los médicos adscritos a esta, se abstengan de practicarla acudiendo al derecho de objeción de conciencia, sin embargo, como muchos derechos en nuestro ordenamiento jurídico no son ilimitados y cada cual encuentra su límite cuando comienzan los derechos de los demás.

Es necesario comenzar diciendo que en nuestro ordenamiento jurídico/constitucional existen una serie de prerrogativas especiales que hacen que exista una real y efectiva igualdad y libertad de todas las personas, razón por la cual la carta política de 1991 señaló como de especial protección, entre otros, los derechos de los niños y adolescentes.

 

La anterior precisión obedece al tema de nuestra columna de hoy. La Corte Constitucional en sentencia de tutela, conoció un caso particular que nos permitimos resumir de la siguiente manera, no sin antes mencionar que los nombres en la acción fueron censurados por la Corte Constitucional para garantizar los derechos fundamentales de la menor:

 

Una niña de 13 años de edad fue accedida carnalmente por parte de ccc, con ocasión a dicho abuso la menor quedó en estado de embarazo y fue víctima de una infección de transmisión sexual, consecuentemente presentó daños psicológicos que la llevaron incluso al intento de suicidio (se cortó las venas en varias ocasiones) además de las amenazas que recibía constantemente por parte del agresor para que no denunciara la agresión.

 

Finalmente fue presentada la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en donde le brindaron algún apoyo de carácter psicológico, posteriormente la EPS Coomeva (EPS a la cual se encontraba afiliada como beneficiaria por parte de su padre), a pesar de haber brindado apoyo psicológico profesional a la menor, dicha EPS se negó de practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ordenada por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual de la Fiscalía General de la Nación (CAIVAS), argumentando la objeción de conciencia de su staff de ginecólogos y remitiendo para tal efecto  la menor al hospital universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, allí en el Departamento de Ginecobstetricia se elaboró un oficio firmado por todos los galenos aludiendo la objeción de conciencia en relación con la práctica del aborto. Adicionalmente, Coomeva remitió a la menor a la Clínica Médico Quirúrgica y allí también acudieron a la objeción de conciencia para no practicarle el aborto a la niña de 13 años, de igual forma ocurrió con la Fundación Mario Gaitán Yaguas, así como en la Clínica San José de Cúcuta, la Clínica del Norte S.A. y la  Clínica Santa Ana S.A.

 

Cabe resaltar que la violación de la que lamentablemente fue víctima la menor, se produjo el 16 de Febrero del año 2007, al ver la negligencia de la EPS y las IPS de carácter privado y público, la madre de la menor decide presentar acción de Tutela en contra de la EPS Coomeva, y el juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta mediante sentencia del 20 de abril de 2007 decide negar el amparo de los derechos fundamentales de la menor y niega el procedimiento por considerar que existen inconsistencias con la fecha de la agresión sexual y la última regla de la menor, olvidando, prima facie, que por tratarse de una menor de 14 años se presume la violación, pues esos fueron los argumentos de la Corte Constitucional al despenalizar el aborto en los tres casos puntuales, demás asegura que tratándose de una menor de 14 años la denuncia penal era una simple formalidad y no puede sujetarse a dicha actuación, el amparo constitucional. 

 

Por supuesto, la madre de la menor decide impugnar el fallo y en la impugnación coadyuva la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y es la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta quien debe decidir de la tutela en segunda instancia, confirmando el fallo de primera instancia negando el amparo solicitado, con el mismo argumento.

 

Debido a la congestión e inoperancia del sistema judicial en Colombia (en cuanto a ágil se refiere) el caso de la menor llega al estudio de la Corte Constitucional y su fallo se produce el día 28 de Febrero del año 2008, momento en el cual el perjuicio irremediable se ha consumado, pues al transcurrir más de 1 año, es evidente que el parto ya debió haber sucedido y los principios de igualdad y libertad consagrados en la constitución terminaron siendo un sofisma para esta menor, como consecuencia de lo anterior, esta sentencia contiene varios puntos en su parte resolutiva entre los cuales se encuentra investigaciones penales y disciplinaria a los involucrados en la vulneración de los derechos de la menor, incluidos los jueces de primera y segunda instancia de tutela, además del reconocimiento de perjuicios a favor de la menor, veamos:

 

Segundo.– Condenar en abstracto a Coomeva EPS, y solidariamente a las IPS de su red, y a los profesionales de la salud que atendieron el caso y no obraron de conformidad con sus obligaciones, a pagar los perjuicios causados a la menor, por la violación de sus derechos fundamentales.

 

La liquidación de la misma se hará por el juez del circuito administrativo de Cúcuta –reparto-, por el trámite incidental, el que deberá iniciarse dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, y deberá ser decidido en el término de los seis (6) meses siguientes, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá inmediatamente copias de toda la actuación surtida en esta tutela a la Oficina Judicial respectiva. El juez del circuito administrativo a quien corresponda fallar el presente incidente, remitirá copia de la decisión de fondo a este Despacho. 

 

Una vez liquidada la condena, COOMEVA EPS deberá proceder al pago total de la obligación, y posteriormente, de conformidad con las reglas de la solidaridad, podrá  repetir contra las IPS de su red y los médicos vinculados a las mismas que atendieron el caso y negaron el procedimiento de IVE. El juez del circuito administrativo a quien corresponda fallar el presente incidente, remitirá copia de la decisión de fondo a este Despacho. 

 

(...)

 

Quinto.- Comunicar a la Superintendencia de Salud lo aquí resuelto, para que en ejercicio de sus competencias, investiguen y si es del caso sancionen, las posibles faltas en que se pudo incurrir en este caso por Coomeva EPS y las IPS de su red, así como el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, entidad pública, por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2007. Igualmente, para que tomen las determinaciones administrativas necesarias a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 y en el citado decreto. La Secretaría de esta corporación compulsará las copias respectivas. 

 

Sexto.- Comunicar a la Dirección Nacional del Sistema de Salud del Ministerio de la Protección Social lo aquí decidido, para que en ejercicio de sus competencias, investigue y si es del caso sancione, las posibles faltas en que se pudo incurrir en este caso por Coomeva EPS y las IPS de su red, así como el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, entidad pública, por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2007. Igualmente, para que tomen las determinaciones administrativas necesarias a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 y en el citado decreto. La Secretaría de esta corporación compulsará las copias respectivas. 

 

(...)

 

Noveno.- Ordenar a la Secretaría General de esta corporación, expida copias de esta providencia y de todo el expediente de tutela, con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander –Sala Disciplinaria-, a fin de que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los jueces de instancia que actuaron en esta tutela. Iguales copias remitirá a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen la conducta de los funcionarios que fallaron en primera y segunda instancia esta tutela. También se remitirá copia de todo lo actuado con destino a la Procuraduría General de la Nación para que vigile el trámite de éstas actuaciones."

 

Como puede deducirse de la sentencia, la objeción de conciencia de los galenos implica una actitud profesional por parte de los médicos tratantes y deben adoptar medidas urgentes a fin de remitir a la paciente al médico que conozcan que está facultado para practicar el aborto, porque si bien los médicos pueden acudir a la objeción de conciencia, estos no pueden desconocer los derechos fundamentales de sus pacientes so pretexto de ser contrarios a sus principio y convicciones religiosas, pues esto resulta completamente inaceptable para un profesional de la salud.

 

En un aparte de la sentencia, se resaltan algunas conclusiones, veamos:

 

"1.- El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer presentando la denuncia penal debidamente formulada en caso de violación o de inseminación artificial no consentida, transferencia de ovulo fecundado no consentida o incesto, certificado médico de estar en peligro la vida de la madre, o certificado médico de inviabilidad del feto.

 

2. Los profesionales de la salud en todos los niveles tiene la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres. 

 

3.- Los médicos o el personal administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en el numeral primero, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento de IVE. 

 

4.- La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas. 

 

5.- La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a las personas naturales. 

 

6.- La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito en el que se expongan debidamente los fundamentos. 

 

7.- La objeción de conciencia no puede presentarse de manera colectiva. 

 

8.- La objeción de conciencia debe fundamentarse en una convicción de carácter religioso. 

 

9.- La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto. 

 

10.- La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres. 

 

11.- El médico que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto. Y, en el caso de las IPS, éstas deben haber definido previamente cual es el médico que está habilitado para practicar el procedimiento de IVE.

 

12.- Cuando se presenta objeción de conciencia el aborto debe practicarse por otro médico que esté en disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica, o en su defecto por el Ministerio de la Protección Social, conforme a las normas pertinentes. 

 

13. El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo.

 

14.- Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad al Sistema de Seguridad Social en Salud cuando soliciten la interrupción de su embarazo, en todos los grados de complejidad del mismo. 

 

15.- El Sistema de Seguridad Social en salud no puede imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación del servio de IVE. 

 

16.- El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Aquí podrá descargar el texto completo de la sentencia.

 

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