La práctica del aborto está sujeta a decisión médica

Objeción de conciencia del médico para no practicar la interrupción voluntaria del embarazo
Por: Diego Alejandro Gutiérrez Amaya

Como bien lo expusimos en nuestra columna anterior, el médico no puede someterse al derecho de la objeción de conciencia sin cumplir con una serie de exigencias para garantizar la eficiente garantía de los derechos fundamentales de las mujeres (Vea: Objeción de conciencia en práctica del aborto).

Es necesario comenzar diciendo que la objeción de conciencia no es el único camino que tienen los médicos para abstenerse de practicar un aborto, pues tiene a su entera disposición los conceptos médico-científicos, así lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia T-532 de 2014, pues señaló que su conocimiento técnico y científico le permite al médico establecer, objetivamente, entre otros factores, que en el evento de realizar la IVE en un estado avanzado del embarazo, a diferencia de hacerlo en las primeras semanas de gestación, implica darle muerte al feto antes de extraerlo del vientre de su madre y, de otro lado, si el feto podría tener la posibilidad de sobrevivir por fuera del vientre de la madre; así que independientemente de si se trata de los 3 casos para practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo permitidos por la Corte Constitucional en sentencia C-355 de 2006, pues en algunos eventos la IVE podría traer consigo perjuicios aun mayores para la madre.

 

En la sentencia que nos ocupa se deja en evidencia la ausencia normativa al respecto, y que no existe señalamiento legal que establezca un periodo de gestación máximo prudente para la práctica de la IVE, sin embargo la Corte Constitucional hace un ejercicio de derecho comparado con Argentina y España, entre otros, y señala que aunque sea diferente la aplicación en cada país, lo concordante entre estas legislaciones es que debe haber un dictamen médico de por medio que realice un completo estudio de las consecuencias negativas y positivas que puede traer la práctica del aborto, y que un médico puede tomar la decisión autónoma, sin que exista ningún tipo de represalia en su contra, de no practicar el aborto por las consecuencias negativas que científicamente se encuentren comprobadas, vemos uno de lso partes de la sentencia:

 

"Pues bien, para la Sala, en ausencia de norma legal o reglamentaria que disponga un límite máximo para la práctica del aborto, resulta razonable que sean los médicos quienes, enfrentados a casos límite como el que motiva esta causa, y dentro del marco de su autonomía profesional, decidan si pueden o no practicar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, con fundamento precisamente en criterios médicos, como puede ser el relacionado con lo avanzado del estado de embarazo y la posibilidad de que ya no se esté frente a un feto por completo dependiente de la mujer gestante" 

 

(...)

 

En efecto, las consideraciones formuladas por los médicos no se muestran como arbitrarias, desproporcionadas o irrazonables, sino que se encuentran debidamente soportadas en realidades científicas, como que, en el caso de embarazos con estados de gestación muy avanzados, se está frente a fetos desarrollados que, en principio, tendrían posibilidades de sobrevivir de manera autónoma por fuera del vientre de la mujer.

 

Debe indicarse, además, que ninguno de estos profesionales recondujo su argumentación al tema de la objeción de conciencia; en otros términos, ninguno de ellos alegó razones de conciencia o de convicción para negarse a practicar el procedimiento, sino que se quedaron en el campo médico y científico para el efecto; todo ello, por lo demás, dentro del ámbito de su autonomía profesional.

 

En este escenario, ante la existencia de criterios médicos que desaconsejaban la práctica del IVE, la EPS accionada no tenía más opciones que, como lo hizo, buscar la opinión de otros profesionales sobre esta materia. Y, en tanto todos los consultados coincidieron en negar la realización del procedimiento, no había lugar a exigir legalmente su práctica."

 

Si compramos las dos sentencias (T-209/08 y T-532/14) podemos encontrar que la diferencia radica, principalmente, en que  cuando se trata de decisiones con fundamento en la ciencia y no en las creencias de tipo religiosas, se hace absolutamente indispensables estos conceptos para salvaguardar los derechos fundamentales, a contrario sensu, las decisiones de no practicar una IVE con fundamento en dogmas religiosos exige una carga de responsabilidad extra a los médicos que la invocan, puesto que el goce de su derecho no puede sobrepasar ni violentar los derechos naturales de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 

Aquí podrá descargar el texto completo de la sentencia.

 

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